miércoles, 16 de mayo de 2007

DISCRIMINACION Y PRIVILEGIOS EN EL TLC


INVERSIONISTAS NO PUEDEN ESCOGER:

Juan José Sobrado Ch.
Abogado
Cámara de Empresarios pro Costa Rica. Fax 221-3128.Apartado Postal 2606 (1000)
página web: www.empresariosprocostarica.com.correo electrónico: Empresarios.proCR@gmail.com Cámara de Empresarios Pro
Costa Rica empresarios.procr@gmail.com


El capítulo décimo del TLC otorga a los inversionistas dominicanos, centro y norteamericanos el privilegio de escoger su propia ley para que los rija en Costa Rica, la propia u otra, o la pactada en el propio acuerdo o autorización de inversión, por encima de la legislación costarricense, que queda reducida al papel de segundona en su propio país, a menos que se diga que es la que rige. Se deja igualmente a los empresarios costarricenses relegados y perjudicados en su propio país, porque no pueden optar por semejante privilegio, ni por eso podrían competir contra quienes se hacen la ley a su medida. Así lo expliqué desde estas columnas el 14 de abril pasado ("El Inaceptable Capítulo Diez del TLC"), con mención expresa de las cláusulas 10.16, 10.22 y 10.28, de ese capítulo, de las que todo lo anterior se desprende, por disposición expresa y no por interpretación.

El señor Alan Thompson replicó el 25 de abril pasado desde estas mismas columnas, y sostuvo que no es cierto y que son afirmaciones "descabelladas".Se funda para eso en hechos y afirmaciones falsas, según paso a demostrarlo. En buena hora el debate para que los lectores, con base en las pruebas –a las que me remito– puedan formar su opinión sobre asunto de tanta trascendencia nacional.

Cambio de opinión. En primer lugar, es necesario recordar que no opinaba así antes el señor Thompson, porque el 15 de enero pasado, en publicación conjunta aquí con otros destacados defensores del TLC, defendió el sistema de solución de controversias de dicho capítulo décimo, "tomando en cuenta que el inversionista foráneo no está familiarizado con el sistema legal y judicial del país anfitrión". Lo que, en todo caso, ni es cierto, porque para eso todo inversionista contrata abogados especializados, ni tal amabilidad reverencial es necesaria para atraer la inversión extranjera. Por el contrario, esa sumisión solo podría atraer a empresas depredadoras de toda especie, y en todo caso es negativa para el clima de negocios sano,estable e igualitario de inversión, que en todas partes atrae a las empresas normales, que son la gran mayoría.
Los argumentos básicos del señor Thompson para sostener su dicho son dos y ambos no son ciertos: 1º) que lo mismo ya está establecido en anteriores tratados similares, y en acuerdos bilaterales de inversión suscritos por el país, y 2º) que la regulación sustancial del derecho aplicable al acuerdo o autorización de inversión es la legislación costarricense, y que así supuestamente lo establece el artículo 10.28, en contraposición al 10.22 delTLC.

Es completamente falso que los indicados tratados anteriores dejen en libertad al inversionista para establecer sus propias normas, de común acuerdo con el funcionario o gobernante, según lo dice en el TLC expresamente el artículo 10.22, que regula el derecho de fondo aplicable a tales controversias.

Legislación costarricense.

Todos aquellos tratados –los cuales en todo caso se ocupan de lo general y no comprenden a las obligaciones específicas como el TLC propuesto– expresamente establecen que tal derecho de fondo regulatorio es la legislación costarricense (la gran mayoría), además del tratado, o es el derecho internacional, en su caso.Ninguno deja en libertad de escoger, tal como lo hace el TLC, de modo que, si se aprueba, la legislación hondureña, nicaragüense, etc., o la que pongan, desplazará a la costarricense en su propio país, lo que ni Francisco Morazán pudo soñar. Cito a continuación números de leyes aprobatorias de tales tratados, para que el lector lo pueda comprobar en el sitio web www.pgr.go.cr/scij/, del Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi)en que constan dichas leyes. Ley 7744, TLC con México; 8055, TLC con Chile; 8300 TLC con Canadá; 8544 TLC con Caricom. Tratados Bilaterales de Inversión: : Ley 8076 con República Checa; 7994 con China; 7691 con Francia; 8068, con Argentina; 7695 con Alemania; 7870 con Canadá; 8069 con Paraguay;7748 con
Chile; 7869 con España; 8067 con Venezuela; 8081, con Países Bajos, entre otros.

No es cierto tampoco que el artículo 10.22 no dice lo que dice, ni que el 10.28 se le contraponga o lo enmiende. El artículo 10.22.2 (b) del TLC,relativo al derecho con base en el cual el tribunal arbitral "decidirá las cuestiones en controversia", claramente establece que, "si las normas legales no han sido especificadas de otra manera", se aplicará "la legislación del demandado (o sea Costa Rica)". Por tanto, que estas, por mandato expreso de esa norma, rigen solo en forma supletoria, si no se ha acordado otra normativa en los acuerdos de inversión, o concesiones sobre todos los bienes públicos, o en las autorizaciones de inversión, o toda clase de actos administrativos recaídos en el accionar de la empresa del inversionista extranjero. El artículo 10.28, que define los activos que forman la inversión cubierta, no establece el derecho de fondo, sino el marco al que este se aplica, según el artículo 10.22. Tal marco, y para eso es que se menciona a la legislación costarricense, está formado por aquellos casos en que, según nuestra ley, hay derechos adquiridos. O sea, para efectos instrumentales de enmarcar el objeto o campo de aplicación del derecho de fondo que regula el artículo 10.22, y no para establecerlo.

Un principio elemental de aplicación del derecho es que no cabe interpretar o desaplicar con pretextos, normas claras y expresas como estas. Claridad y precisión que les resulta de su propio texto, y de su total corte y cambio respecto a lo acordado al efecto en anteriores tratados similares, lo que se quiere expresamente modificar.
Inconstitucional e innecesario.

Además de que lo propuesto en la materia por el TLC es completamente inconstitucional e inaceptable, es también completamente innecesario y además perjudicial.Lo primero porque, según lo expliqué en el artículo anterior, ya existe un tratado de protección a las inversiones con los Estados Unidos, mucho mejor para los inversionistas y para Costa Rica; y, asimismo, dichos inversionistas tienen garantizado el trato de nacional y de nación mas favorecida por el tratado vigente de 1851. Perjudicial por lo que se dijo y porque el clima general de estabilidad y de negocios está garantizado jurídicamente y depende de otros factores.

En ausencia de ello, los tratados específicos de garantía a las inversiones,similares a los anteriores señalados (que no llegan a los extremos prohibidos del TLC), no resultan determinantes, y en muchos casos nisiquiera importantes, si no se dan esas condiciones. Esto último consta enun importante estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale,que los lectores pueden consultar en "http/ssrn.com/abstract>557121".

De modo que lo único "descabellado" es haber aceptado el referido capítulo décimo y, lo que es peor, defenderlo.


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ECUADOR DIJO NO AL TLC.AFECTA AGRICULTORES


Quito, 15/05/07- Ecuador le dijo no a acordar con Estados Unidos Tratados de Libre Comercio (TLC) y de “lucha contra las drogas”. El sábado durante su programa radial, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó que el país no negociará “un TLC que perjudicaría la agricultura; estamos revisando el acuerdo de protección recíproca de inversiones que ha perjudicado grandemente al país”.


La respuesta llegó pocos días después de la visita del subsecretario de Estado, John Negroponte a la región, en la cual se afianzaron las “relaciones carnales” con Colombia, Perú y Panamá -naciones con quienes Estados Unidos prometió desbloquear los TLC- y se acentuaron las diferencias con Ecuador.


En la reunión de Correa con el funcionario estadounidense, se evitaron los asuntos espinosos. No se habló de la revisión del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos. En ese sentido, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa sostuvo que Ecuador está inconforme con algunas cláusulas que no lo benefician, y que ya comenzó a trabajar en las reformas que quiere hacerle al texto.


Tampoco se comentó la decisión de Estados Unidos de trasladar las maniobras navales Unitas 2007, de Ecuador a Colombia, y luego a Florida.


El ex presidente ecuatoriano Alfredo Palacio (2005-2007) promovió la firma de un TLC con Estados Unidos, pero el proceso se estancó y ahora, con la llegada de Correa al poder, quedó totalmente descartado.


Washington suspendió en 2006 las negociaciones del TLC con Quito en represalia por reformas que emprendió el gobierno ecuatoriano y que redujeron las ganancias de las petroleras y la caducidad del contrato con Occidental (Oxy), que dejó de explotar unos 100.000 barriles por día de crudo al ser juzgada por venta ilegal de acciones.


En tanto, otro acuerdo que no se renovará, es el firmado en mandatos anteriores, que permite a Washington el uso de bases militares ecuatorianas para operaciones aéreas contra el narcotráfico, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2009. Si bien el tema no fue tratado en el encuentro de los funcionarios, Correa expresó que si bien “no lo tratamos en esta ocasión, él sabe que no se renovará el acuerdo”.


Y en ese contexto, señaló que Ecuador siempre recibe con los brazos abiertos a los representantes de cualquier país del mundo: “Nuestra política es de hermandad, de guardar las mejores relaciones con todos los países del planeta, pero, eso sí, de absoluto respeto a nuestra soberanía y dignidad”. (Redacción de APM)

domingo, 13 de mayo de 2007

INCONSTITUCIONALIDADES DEL TLC

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POSICION DE LA CMTC FRENTE AL TLC

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TRABAJO INFANTIL Y TLC.



OBSERVATORIOMESOAMERICANO
Fundación Witaicon

Trabajo infantil y libre comercio

1. Antecedentes:
Durante la década de los años noventa se impulso desde las metrópolis y las transnacionales las consignas de libre comercio y de un libre trabajo asalariado y desregulado. Abiertamente el neo liberalismo, y sus acólitos en los estados, propusieron la desaparición de los contratos y convenciones colectivas de trabajo y de las leyes laborales en general, que protegían la jornada, los salarios mínimos, las condiciones básicas del trabajo y hasta la desregulación del Convenio 138 de la OIT. La meta era una desregulación total donde las grandes empresas transnacionales fijen el precio y las condiciones del trabajo. En su lenguaje se busca reducir costos laborales y hacer competitivas las economías. En este esfuerzo se recurre también a la reducción del Estado y sus servicios, a la privatización de los mismos. En esa medida producen una reducción del salario social, especialmente de la seguridad social, prestaciones sociales, control judicial de los contratos de trabajo, inspección del trabajo. Así , desde varios frentes se están destruyendo todas las limitaciones impuestas por las instituciones del derecho de trabajo, propone inclusive la sustitución del sistema judicial de control por formas alternativas de solución de conflictos en donde los trabajadores y trabajadoras están a merced de los empleadores. De este proceso, las nuevas generaciones de niños y niñas constituyen uno de los eslabones mas débiles de la cadena para enfrentar la agresión.

En el discurso de la propuesta de los tratados de libre comercio lo Estados Unidos de América del Norte tienden a equiparar el subdesarrollo económico y social con falta de protección de los derechos laborales, maximizando así el riesgo de dumping social que los países centroamericanos representan por las condiciones de pobreza, debilidad del estado de derecho, desregulación, corrupción, explotación del trabajo infantil y otras causas en materia de comercio internacional. Esa es una de las razones externalizadas por los negociadores para establecer desde su óptica severas sanciones económicas en el TLC, conocido como RD-CAFTA, para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral incluyendo la legislación sobre el trabajo infantil y evitar que estas violaciones a los derechos humanos laborales se conviertan en ventajas comparativas para los países con mayor atraso social y que las empresas norteamericanas y los estados entiendan esto como un estímulo a la inversión extranjera, que deja en condiciones difíciles a los trabajadores norteamericanos. Hay incongruencias en relación a los estándares laborales internacionales cuando se exige el cumplimiento de los Convenios de la OIT dentro de ellos la totalidad de los Principios y derechos fundamentales del trabajo declarados en 1998 en donde se encuentran principios protectores contra el trabajo infantil.

1.2. Desregulación y trabajo infantil. El trabajo infantil es un extremo de las desregulación y forma parte de las actividades que instrumentos internacionales han descrito como trabajo forzado y una nueva forma de esclavitud. Se origina en el trabajo por cuenta ajena de naturaleza asalariada encontrándose formas en el trabajo familiar y por cuenta propia, en condiciones de subsistencia. Entre sus causas está el desempleo y subempleo adulto, los bajos saliros y la pobreza. Está vinculado además a los procesos de libre comercio y globalización en la medida que no suponen una estrategia de desarrollo y mas bien limitan las posibilidades de los estados para reaccionar frente a la pobreza y el desempleo. El trabajo infantil crece al calor de la pobreza. La destrucción del estado afecta de manera directa el trabajo infantil-. La educación, la salud, los servicios de seguridad social y nutrición infantil, comedores escolares y programas para la niñez son herramientas que tienen los estados para prevenir el trabajo infantil. La libre y desigual competencia en materia de productos agrícolas ha sido denunciada como generadora de trabajo infantil, por el empobrecimiento que provoca en el agro. Los niños y niñas son los grandes perdedores de los tratados de libre comercio. La pobreza , la libre explotación del trabajo asalariado, la desreglamentación nacional e internacional del trabajo infantil, la individualización de los contratos de trabajo , la destrucción del sistema de salud y educación a cargo del estado, son causas que producen trabajo infantil.


1.3. La OIT y el trabajo Infantil.


La OIT no por casualidad, va a cumplir en doce años, cien años de lucha contra el trabajo infantil. Si en un espejo puede reflejarse con claridad el sistema capitalista y el retroceso de una democracia de este signo, es en la existencia o no de trabajo infantil. La OIT, consideró la abolición del trabajo infantil como su primera meta, por reflejo de las luchas del movimiento obrero internacional. EE.UU., ha ratificado 14 convenios y entre ellos sólo dos fundamentales —el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el 182 sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil—. No ha ratificado el Convenio 29 sobre el trabajo forzoso ni 138 de la OIT sobre prohibición del Trabajo Infantil. Los demás ratificados por EE.UU., se refieren a asuntos marítimos, dos de los cuales ya no están vigentes y a asuntos de carácter exclusivamente técnico. El Salvador tiene en la actualidad treinta ratificaciones, Guatemala ha ratificado 72, Nicaragua 59 ratificaciones, Costa Rica, 50 ratificaciones, inclusive el Convenio 1, incluye todos los tratados fundamentales. República dominicana 36, pero no ha suscrito ni el convenio 138 ni el 182 relativos a trabajo infantil. A pesar de la vigencia de estos tratados millones de niños trabajan en la región. Así las cosas, los países de la región deben apoyar sin restricción alguna y sobre todo sin restricciones impuestas, la aplicación de todos los Principios y derechos fundamentales del trabajo declarados en 1998 por la OIT, so pena de ser sancionados por incumplimiento de la legislación internacional.

1.4. El Convenio 182 de la OIT: un importante retroceso

El Convenio 182 de la OIT es parte del proceso de desregulación. No es casualidad que casi todos los países de la región, a excepción de uno lo hayan ratificado. Las condiciones para reducir obligaciones de los estados en materia de trabajo infantil tuvieron su expresión concreta en el derecho internacional del trabajo con la aprobación del Convenio 138 de la OIT, que establecía la prohibición universal del trabajo infantil. Desde inicios de la década de los años noventa los representantes de los empleadores y algunos estados no firmantes del Convenio 138, propusieron las reformas al Convenio 138. En 1995 ingresa a estudio no para declarar el trabajo infantil como una forma de genocidio generacional, sino para eliminar las formas más intolerables del trabajo infantil. La reacción del movimiento obrero internacional y de los juristas laboralistas llevó a que el Convenio 182 se refiriera entonces a las peores formas de trabajo infantil y acordaron mantener la politica del Convenio 138 de abolir el trabajo infantil, así como a patrocinar un programa mundial contra estos tipos de trabajo. Pero los promotores de la desregulación en la práctica habían logrado reducir la edad de ingreso al trabajo. Este convenio 182 no establece compromisos específicos ni plazos para las transnacionales, empleadores nacionales ni para los Estados para abolir el trabajo infantil. Más bien vienen a autorizar algunas formas de trabajo infantil. OIT buscó elaborar un convenio flexible para que lo firmaran todos los estados, desconociendo que el trabajo infantil es una de las expresiones de la esclavitud del siglo XXI
Este Convenio, quizás sin pretenderlo, le abre las puertas a las transnacionales en Centroamérica. Cuando el tratado de libre Comercio RD-CAFTA establece en el capitulo que los estados deberán cumplir con los Convenios de la OIT, de ninguna manera se está protegiendo a los niños y niñas centroamericanas de ser utilizados como medio de reducir costos. De manera indirecta se está legitimando a las compañías agrícolas de exportación que utilizan mano de obra infantil. Las transnacionales emplean una serie de modalidades de trabajo que incluyen el trabajo infantil de manera directa e indirecta, en la contratación y subcontratación, en el trabajo a domicilio, en la compra de cosechas a los pequeños y medianos productores nacionales. No es casual que el trabajo infantil y juvenil se de con intensidad en los subcontratos de las empresas cafetaleras, bananeras, piñeras, meloneras y en la Palma africana. El texto del Convenio 182 establece : Artículo 3: A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca: a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. El convenio señala que los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999. La forma legal propuesta, en la práctica excluye toda forma de trabajo asalariado de los niños y niñas. Esto es una contradicción por que no se puso así en el Convenio. Podemos preguntarnos ¿Cual forma de trabajo asalariado no afecta de manera directa la salud, la seguridad y la moralidad de los niños y niñas trabajadoras en la forma que se realizan en nuestro medio laboral regional ?. El ejemplo que hemos escuchado pero que no es representativo seria el de un menor empleado en una película o una obra de teatro. Lo grave de esta redacción es que no excluye de manera expresa de las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y niñas, que realizan trabajos agrícolas, industriales, en la pesca, labores de servicios o en el sector informal o en actividades familiares o domesticas. Por qué no quedaron incluidas como las formas más intolerables, simplemente porque se repiten en la realidad de pobreza provocada por la globalización que los requiere como mano de obra barata.
Ni siquiera se incluyó el este nuevo tratado la condicionante de seguir asistiendo a la escuela como se preveía en el texto original de 1996, porque este en el nuevo convenio es un objetivo de largo plazo. No por casualidad todos los Estados centroamericanos se apresuraron a ratificar el Convenio 182. El Convenio 138 de la OIT, que Estados Unidos y República Dominicana no han suscrito establece un ligamen entre el trabajo y la educación. En el caso de libre comercio entre países de la región, que lo niños no estudien no sería un obstáculo para el mismo, porque no esta cubierto por el capitulo de garantías laborales- que se limitaría a las previsiones del Convenio 182. Uno de los principales medios utilizados para la abolición del trabajo infantil de acuerdo con los Convenios 138 y 182 de la OIT ha sido la determinación de una edad mínima para ingresar a laborar. Asimismo la prohibición de las peores formas de trabajo infantil unida a una acción inmediata para su eliminación. El Convenio 138 establece que la edad mínima para trabajar no será inferior a la edad en que cesa la obligación escolar y en todo caso no puede ser menor de 15 años de edad. Por tal razón, los países se han acogido a la posibilidad excepcional de permitir bajo ciertas condiciones el trabajo de menores de 15 años, lo que supone que no se va a romper el circulo vicioso de pobreza, analfabetismo y trabajo infantil.

1.5. Una efectiva protección contra el trabajo infantil:
Debería obligarse, para una efectiva protección contra el trabajo infantil que los Estados suscriban el RD-CAFTA prohíba totalmente el trabajo infantil y suscriban y pongan en vigencia e una vez el Convenio 138 Convenio sobre la edad mínima, de 1973. Que de esa manera se comprometan realmente a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y a no emplearlo como ventaja comparativa. Igualmente a que se eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores y que la edad mínima fijada no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar a los dieciocho años, haciendo obligatoria le educación primaria, secundaria y técnica. Creando además incentivos derivados del tratado para hacer efectiva esta propuesta. Pero no fue así como se negoció, y hoy la educación de los niños y niñas no puede admitirse como limitación al libre comercio. La Convención de los derechos del niño de la ONU reconoce el derecho de los niños a ser protegidos, haciendo prevalecer sus derechos sobre los derechos de los demás. Propone normas contra el trabajo en labores riesgosas y contra la explotación laboral que obstaculice su educación y desarrollo. Acaso dejar el sistema educativo no es un riesgo grave. En la región no se han definido con precisión esas formas riesgosas lo que deja un espacio muy amplio de discrecionalidad para admitir formas, todas intolerables de trabajo de niños, niñas y adolescentes.


1.6. Las peores formas de trabajo infantil: un problema laboral o criminal.

Definitivamente el Convenio 182 tiene otra incongruencia muy seria desde el punto de vista jurídico. Lo que caracteriza el Convenio 182 de la OIT como peores formas de trabajo infantil son todas ellas delitos en los países con una cultura de protección de derechos humanos traducida eficazmente en su legislación penal. El trabajo esclavo fue proscrito a nivel internacionalmente por la Sociedad de las Naciones y con posterioridad por la OIT y las Naciones Unidas. El trabajo forzado, el trabajo esclavo no solo para niños y niñas, sino para todo ser humano tiene numerosos Convenios Internacionales de derechos humanos que lo proscriben. Por qué entonces des-regularlo en el Convenio 182 y minimizar su carácter de delito internacionalmente punible. Dejar a las legislaciones nacionales la punibilidad de estos delitos lleva a extremos como el de Costa Rica, en que las penas en el caso de delitos contra la niñez son risibles, la tenencia de pornografía no es delito, y en donde las actividades peligrosas no están reguladas adecuadamente.


1.8. Las salvaguardas que no se tomaron el RD-CAFTA:

El Derecho comercial internacional,-o el derecho de las transnacionales en la globalización, según se quiera ver- ha adquirido proporciones y características que amenazan la vigencia de muchas de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos. No es casual que Alta Comisionada de Derechos Humanos haya planteado la obligación de loe Estados de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios esenciales para los grupos mas vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran los niños y niñas, las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas de mayor de edad de las familias pobres. A ninguno de esos grupos e les salvaguardo de manera expresa. El RD-CAFTA no hace referencia explícita a derechos de la niñez y tampoco reconocen su sujeción a los principios fundamentales de los derechos humanos. Los tratados Internacionales de derechos humanos relativos al progreso social y económico han impuesto obligaciones previas a los Estados de la región, que no debieron omitir al momento de asumir compromisos comerciales. No existen en el tratado salvaguardas que permitan controlar la compatibilidad de la firma de los tratados de libre comercio con sus obligaciones previamente asumidas en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Es necesario que los procesos de integración y liberalización del comercio no continúen ignorando la primacía del desarrollo humano sobre el desarrollo comercial. Como brindar protección especial a los niños, en países que han asumido serios compromisos comerciales que los limitan en sus políticas económicas y sociales, según lo establece el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 3 Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si querían proteger verdaderamente a los niños y niñas del trabajo infantil y sus consecuencias debieron considerar los artículos 24 y 27, 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los artículos 4 y 19 de la Convención Americana de Derechos humanos. ¿Qué salvaguardas está tomaron los estados involucrados en el RD-CAFTA para que los niños y niñas tengan acceso a tratamientos médicos y medicinas gratuitas La eliminación de los genéricos y la ampliación de las patentes es una práctica que afecta seriamente a los niños y las niñas. Numerosas personalidades y organizaciones sociales han mostrado preocupación por la situación del derecho a la salud en la región y han señalado la importancia de que la población cuente con acceso a medicinas a un precio razonable y acorde con los ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, con la firma del TLC, el Estado asumirá compromisos que incidirán de manera regresiva en el acceso de la población infantil a medicamentos a bajo costo. Ya las experiencias de México y Chile lo han demostrado. En esos países no se establecieron salvaguardas ni limitaciones que hicieran compatibles los derechos de propiedad intelectual con el derecho humano a la salud y las consecuencias son conocidas. El Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más Alto Nivel posible de salud, Paul Hunt recomendó (adición a su informe original sobre su misión a la OMC 2004) que en caso de que un Estado escoja involucrarse en la liberalización del comercio en las áreas de salud, éste debe seleccionar la manera, el paso y la secuencia de la liberalización que se dirija a la realización progresiva de este derecho. También el Alto Comisionado de Derechos Humanos recomendó que los Estados tomen las medidas necesarias para impedir los abusos de derechos de propiedad intelectual que conduzcan a transgresiones del derecho a la salud.

Una segunda salvaguarda no considerada por los negociadores del RD-CAFTA fue considerar las Garantías de Derechos humanos en materia de educación que derivan de otros instrumentos internacionales. Especialmente el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, y los artículos 28 y 29 Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño ha expresado su preocupación sobre la situación analfabetismo y la deserción escolar en todos los países de la región. Sin embargo, en el RD-CAFTA los países no establecieron mecanismos para lograr ayuda externa en relación al respeto y desarrollo del derecho a la educación, y que se pudieran cumplir las metas del milenio. Lo anterior porque se puede prevé por otras experiencias que este tratado acarreará agudización de la pobreza y, consecuentemente, deserción escolar y el analfabetismo. Se puso énfasis en los aspectos comerciales y no quedaron los márgenes de actuación de los gobiernos para una definición autónoma de política económica y social se verán limitados y las políticas y programas sociales se subordinarán a los acuerdos económicos. Ha sido denunciado por las organizaciones docentes que la firma del RD-CAFTA puede implicar que todos los servicios, inclusive los educativos, sean privatizados y pasen a manos de inversionistas extranjeros. La mayor privatización de la educación implicaría su encarecimiento y por lo tanto limitación en el acceso a la educación en condiciones de igualdad.
En materia de trabajo infantil solamente se salvaguardó la aplicación del ya referido Convenio 182 de la OIT. Pero como dejaron de lado la obligatoriedad de la puesta en vigencia de los artículos 31 y 32 Convención sobre los Derechos del Niño, para la elaboración de políticas regionales contra la pobreza. El Comité de las sobre Derechos del Niño ha señalado en numerosas ocasiones su preocupación por la pobreza generalizada y sus consecuencias.. Con la suscripción del RD-CAFTA, por todos los países, menos Costa Rica, se les impusieron a los estados suscriptores, una serie de principios que acentuarán las desigualdades sociales y la pobreza. Especialmente el principio del derecho internacional que hacía posible; el trato de nación más favorecida que permitía el apoyo entre naciones de similar nivel de desarrollo debido a que cualquier concesión tendría que extenderla al país con el que tendrá firmado el RD-CAFTA. Otro principio que admitieron el principio de “trato nacional” que excluye la acción de los Estados en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que si lo hace tendría que dar lo mismo a cualquier transnacional. No podrán en adelante establecer estímulos de ninguna naturaleza para sus propias empresas, ni urbanas ni rurales. Por otra parte, como consecuencia de restricciones en materia de propiedad intelectual, las industrias farmacéuticas y agroquímicas nacionales, que dan empleo y generan tributos para el Estado, se han opuesto en toda la región al RD-CAFTA. El trabajo infantil, consecuencia directa de la pobreza, es el mayor riesgo para el bienestar y normal desarrollo de las niñas y niños.

El CAFTA establece que las partes reafirmarán sus obligaciones como miembros de la OIT y los compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) y que cada parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales internacionalmente reconocidos que tienen como fin asegurar a las personas, “ la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna. La seriedad del compromiso internacional de EE.UU., frente al principio fundamental de no-discriminación en el trabajo por razones de sexo, raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, se pone en duda, en la medida en que se ha empeñado y de hecho ha logrado excluirlo de los últimos tratados de libre comercio, y en especial de este.

Esto puede ser interpretado como una forma de salvaguardar en dichos tratados su propio dumping social. En efecto, no obstante EE.UU., se concibe a sí mismo como una sociedad igualitaria, un simple vistazo a la realidad estadounidense muestra que la concentración de la riqueza en manos de un grupo de personas, es mayor allí que en cualquier otro país del primer mundo. Este tipo de intervención casi que filantrópica por el contenido altruista de los asuntos, no debe hacernos perder la brújula y en ese orden, debemos tratar de que los proyectos a desarrollar mediante la cooperación sean de doble vía y en ese sentido una primera y muy importante aproximación podría consistir en profundizar nuestro conocimiento sobre el sistema laboral estadounidense, leyes, jurisprudencia y prácticas tanto a nivel federal como a nivel de los 51 estados de la Unión, con el fin de ser una contraparte activa que ocupe el lugar que le ha otorgado el TLC en la solución de controversias y no el infractor pasivo de una sanción anunciada.

LA JUVENTUD RURAL EN EL CONTEXTO DEL TLC

Ponencia presentada por la Juventud Patriótica en el I encuentro Nacional de Jóvenes del PDA, Bogotá 28 y 29 de noviembre de 2006

Para mayor certeza de lo que le ocurre al sector agropecuario con la aplicación de las políticas neoliberales, debemos referirnos a dos hechos que nos lo esclarecen. En primer lugar, las consecuencias vividas con la apertura económica, considerada como una primera etapa de la política neoliberal de globalización bajo la hegemonía norteamericana, dentro de la cual se enmarcan el TLC y el ALCA, y en segundo lugar, los textos firmados en materia agrícola por imposición del gobierno y las multinacionales norteamericanas.

Pero estos desastres contra los empresarios, agricultores, campesinos, jornaleros y asalariados del campo, afectan con mayor fuerza y por doble partida a la juventud, porque recibe el brutal impacto de la destrucción de sus actividades productivas, con su secuela de desempleo, pobreza, procesos jurídicos y prejurídicos con los bancos. Pero además, la juventud que aspira a ingresar a la universidad se estrella con las imposiciones del TLC en materia educativa, en el sentido de que como la producción agropecuaria será destruida con el TLC, la educación en la rama agropecuaria pierde toda importancia y se impone el estancamiento y la desmejora en la calidad.

Lo que se pierde en la agricultura no se repone en la industria, porque esta actividad económica nacional también es condenada a la ruina, quedando el espacio solo para las maquilas, a condición del desmejoramiento extremo de las condiciones laborales, en especial para los del primer trabajo, o sea, los jóvenes.

Impacto en la producción agropecuaria

Con la primera etapa de la apertura, el ingreso de productos extranjeros se multiplicó por diez, pasando de 700.000 toneladas a más de 7 millones de toneladas de productos agropecuarios, lo que arrasó entre otros el cultivo de la cebada y el trigo; se perdieron alrededor de un 1 millón de hectáreas de cultivos y más de trescientos mil empleos y el empobrecimiento rural llegó a niveles inauditos. Ahora con el TLC se trata de profundizar estas políticas y perpetuar dicha situación, sin que el Estado colombiano tenga el derecho soberano de cambiarle ni una coma a los textos firmados por imposición de Estados Unidos. Para darse una idea del calibre del riesgo al que le abre la puerta el TLC con la decisión de poner en cero por ciento los aranceles de protección, debemos saber que se perderá el Sistema Andino de Franjas de Precios, gracias al cual entre 1994 y 2003 se concedieron protecciones hasta de 75,5% en carne de cerdo, 184,5% en trozos de pollo, 70,5% en leche entera, 48% en trigo, 38,5% en cebada, 65,3% en maíz amarillo, 68,2% en maíz blanco, 82,5% en arroz, 56,1% en soya, 70,3% en sorgo, 105,1% en aceite de palma y 97% en aceite de soya , entre otros, sistema de protección al que se renuncia en los textos del TLC firmados sin que se dé una reciprocidad, porque Estados Unidos no renuncia a los descomunales subsidios directos para sus productores agropecuarios, por el orden de los 54 mil millones de dólares al año. Aquí se evidencia que no es una negociación, sino una imposición hecha a la medida de los intereses de las grandes multinacionales que comercializan estos productos agropecuarios. Para ilustrar lo cual trascribimos a Rafael Hernández, presidente de Fedearroz y miembro de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, cuando afirma:

“Los negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Veo un panorama oscuro para la mayor parte del sector agropecuario” (El Tiempo, 28 de febrero de 2006) “No fue un tratado equitativo como se comprometió el presidente de la República con nosotros, sino una imposición de Estados Unidos. Por eso me retire de la mesa de negociaciones.

Es un propósito geoestratégico del gobierno y las multinacionales norteamericanas quedarse con el monopolio de la producción de cereales, leche y cárnicos, así como de hortalizas y algunas frutas, los cuales constituyen la dieta básica de los pueblos, y condenar a nuestro país a la producción de los llamados productos tropicales o productos postre, que no forman parte de la alimentación diaria de nuestras gentes. Con el agravante de que lo mismo les indican a los 70 y más países del Trópico para generar una competencia entre pobres por quién les vende más barato a las multinacionales comercializadoras. El ejemplo típico lo tenemos con el café. Las multinacionales incentivaron su producción en países tradicionalmente no productores como Vietnam y desbarataron además el Pacto Internacional de Cuotas para deprimir los precios al productor y aumentar las ganancias de los intermediarios y especuladores.

La fantasía de las exportaciones

En los textos de TLC no se consignan las garantías de un acceso real al mercado norteamericano por parte de nuestros productores, porque el verdadero obstáculo está en las barreras fitosanitarias, no consideradas por Estados Unidos como objeto de negociación y que hacen imposible el acceso de una papa o de una libra de carne al territorio de Estados Unidos. Para esto citamos a Luis Jorge Garay cuando expresa:

A pesar de la opinión expresada por el gobierno y los gremios, conviene señalar que de la lectura del texto no parecen derivarse obligaciones completas para las partes que garanticen que a la luz de los puntos incluidos, puedan solucionarse los problemas de índole sanitaria y fitosanitaria de Colombia y abrirse así oportunidades de exportación para varios productos colombianos, tales como los carnicol, las frutas y la hortalizas .

Y el mismo jefe de los supuestos negociadores en la mesa de asuntos sanitarios por Colombia, Juan Lucas Restrepo, nos dice: “Pero lo que temíamos y aún tememos es que, en la práctica, se restrinja indefinidamente el ingreso de los productos colombianos a ese mercado con argumentos paraarancelarios, como un excesivo rigor en el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad” (Carta ganadera, informe especial “TLC y ganadería”, citado por Robledo. Op. cit. Pág. 81).

Y como para que no quede duda de que el TLC no es una negociación sino una sumisión, Colombia sí acepta el ingreso de carne de reses mayores de treinta meses potencialmente portadoras de la enfermedad de las vacas locas, en franco atentado contra la salud de las personas y del hato ganadero, además de aceptarle sumisamente a EU la introducción de gallinas viejas, desperdicios de pollos y cárnicos en general, así como los llamados lactosueros o leches de inferior calidad.

La juventud ve comprometido su futuro en el punto en que el TLC atenta contra la seguridad o soberanía alimentaria, que menoscaba en materia grave la soberanía nacional. Con este mecanismo el imperio pretende sojuzgar y someter a los pueblos para arrancarles más concesiones y prebendas. No se descarta el sitio por hambre a nuestros pobladores para que se inclinen ante sus pretensiones. Esto lo tienen claro los gobiernos, negociadores y norteamericanos, quienes consideran la producción de alimentos y el autoabastecimiento como cuestión de seguridad nacional.

Educación

A una producción mediocre corresponde igualmente una educación mediocre. De ahí que escuchemos a personas como el señor Palacios, ex rector de la Universidad Nacional, afirmando que tal vez estemos educando demasiado a nuestros estudiantes y justificando la disminución del tiempo en las carreras universitarias, lo que se compagina con las pretensiones del capital financiero multinacional de monopolizar no solo la producción industrial y agrícola, sino también el conocimiento y la investigación científica y tecnológica, condenando a nuestro país a los productos tropicales y a la maquila en condiciones laborales deterioradas. Esto se refleja en los propósitos de la Revolución Educativa, que va en desmedro de la calidad de la educación so pretexto de ampliar la cobertura. Las exigencias del capital financiero obligan a Colombia a volver negocios lo que antes no lo era, como es el caso de la educación. El TLC acelera su privatización y determina sus contenidos, acordes con las necesidades de las maquilas y las multinacionales. El país se ve así condenado al atraso científico y tecnológico.

Salud

El marco general de la privatización de la salud y su tratamiento como un negocio en manos de los intermediarios y el capital financiero parasitario se diseñó en la Ley 100 de 1993, cuyas consecuencias se ilustran con el cotidiano paseo de la muerte. La Ley 100 golpeó en especial al sector agropecuario, donde han resurgido enfermedades prácticamente erradicadas como la tuberculosis. Hoy azotan a los campesinos las denominadas enfermedades tropicales, como la malaria y el dengue, y enfermedades diarreicas agudas asociadas a la desnutrición y a los deprimentes niveles de pobreza y miseria a que los condujo la apertura y que el TLC perpetuará.

Laboral

La destrucción de las oportunidades laborales para los jóvenes se da en la producción directa y en las actividades conexas como el transporte y el comercio. Pero también los jóvenes que tengan oportunidad de ser egresados como profesionales ven cerradas las puertas de instituciones que antes los acogían como empleados, porque se implementó a rajatabla el recorte del tamaño del Estado en cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Por eso asistimos a las reestructuraciones y cierres de instituciones como la Caja Agraria, el ICA, el Incora y el Idema, entre otras, que de alguna manera prestaban apoyo a las actividades de crédito de fomento, investigación agropecuaria, mercadeo y precios de sustentación. El TLC agravará aún más la situación.

Queremos por último hacer un llamamiento a los jóvenes del país y a los hoy reunidos en este magnifico Encuentro de las Juventudes del Polo Democrático Alternativo, para que con la unidad como estandarte encaminemos la lucha civil por la salvación nacional. Y para lo cual es indispensable conocer la verdad y desmontar las mentiras sobre el TLC e impulsar la organización juvenil y la movilización de masas por la producción, el trabajo y la soberanía nacional, sumándonos a la resistencia antiimperialista que recorre a América Latina, como lo confirma el triunfo del candidato de izquierda en el Ecuador. El turno para Colombia será cuando esta juventud así lo decida.

POLITICAS COMERCIALES Y COMPROMISOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS


POLÍTICAS COMERCIALES, COMPROMISOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
Pgd. Frank Ulloa Royo
Ante las limitantes estructurales del proceso de Integración Centroamericana, las políticas comerciales no han surtido efectos en materia de promoción del trabajo decente. La región no ha dependido excesivamente de las propuestas tienen origen en las negociaciones y acuerdos comerciales internacionales, ya sean estos bilaterales o multilaterales, impulsados a través de diversas instituciones tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que han venido a convertirse, de facto, en los entes rectores y de las políticas comerciales de los países de la región. Todos los Estados que suscribieron el RD-CAFTA, tambien han ratificado los convenios internacionales de la OIT relativos al trabajo decente.

Sin embargo, importantes cambios se han venido produciendo en materia laboral con relación a la magnitud de los compromisos asumidos. En la Cumbre de Québec asumieron el cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales de Derechos Humanos. Según esta Declaración de Québec los estados deberán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse lo antes posible y según sea el caso, a todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos. En la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, en la Declaración de Mar del Plata, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron el derecho de todo migrante a la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de todos los derechos que les aplican. En el Plan de Acción de Mar del Plata, los mandatarios se comprometieron a exhortar a los Estados Miembros, según el caso, a firmar y ratificar, el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y a colaborar a su vez al desarrollo de indicadores de progreso en estas materias. Igualmente deberán adherirse a los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, específicamente aquél sobre la Participación de los Niños en Conflictos Armados, y aquél sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía; buscarán la plena incorporación de sus obligaciones bajo la Convención a sus leyes, políticas y prácticas nacionales. De esta manera los estados centroamericanos deberán Incorporar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la agenda de trabajo de las instituciones regionales. Asimismo la IV Cumbre de las Américas generó compromisos de asumir políticas públicas en materia de empleo, de salud y de seguridad social e impulsar una cultura de prevención y control de riesgos y enfermedades relativas al trabajo. Otro compromiso importante fue atender las enfermedades de la pobreza y los riesgos graves de salud pública, que afectan las condiciones de vida y trabajo. Deben enfrentar las enfermedades crónicas así como enfermedades cíclicas, tales como el la, malaria, la tuberculosis, el SARS, la gripe aviar y otros riesgos de salud.. Se hizo especial referencia de las personas enfermas de VIH-SIDA y la necesidad de que no sean discriminados en el empleo. Varios Estados Centroamericanos no han suscrito aun el Protocolo de San Salvador, que genera compromisos especialmente en materia de seguridad social. Tampoco lo han hecho con el Convenio 102 de la OIT, sobre la misma temática.


En materia de condiciones de trabajo, los Estados centroamericanos han suscrito compromisos en los que se comprometen a tomar medidas tendientes a proteger los Derechos laborales, a promover garantías sindicales y a proteger poblaciones laborales especialmente vulnerables. Este proceso obliga a eliminar las peores formas de trabajo infantil, a combatir la discriminación y a propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminar el trabajo forzoso, y mejorar las libertades sindicales y crear condiciones para el funcionamiento eficiente de la negociación colectiva. Sin embargo, en estos Tratados no se establecen metodologías concretas para asegurar una verdadera transformación socio laboral y son los estados quienes deben buscar sus propios caminos. Es por ello que se requiere de la formulación de políticas comunes de mayor detalle relativas a las asimetrías existentes, la evaluación prospectiva de las políticas públicas y de la vigencia de los derechos humanos esenciales relativos al trabajo.

Tal como se expreso en la Declaración de Mar del Plata es necesario avanzar en las negociaciones sobre la Agenda de Doha para el Desarrollo sobre el principio de trato especial y diferenciado para los países de la región. Debemos lograr mejor acceso a los mercados para nuestras exportaciones, la eliminación de todas las formas de subsidios a la exportación de productos agrícolas y una reducción sustancial de las medidas de apoyo interno que distorsionan el comercio. Nuestro objetivo debe ser expandir nuestro comercio, como medio para ampliar el crecimiento y la capacidad de generar más y mejores empleos con mejores remuneraciones pero para ello se hace necesaria la ejecución plena y efectiva del programa de trabajo de Doha referente a las pequeñas economías. Los acuerdos de libre comercio deben ser equilibrados, equitativos y comprensivos y dirigidos a la expansión de los flujos comerciales. En el nivel global, un comercio libre de subsidios y de prácticas que lo distorsionen, con beneficios concretos y sustantivos para todos, teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías.

Por la naturaleza de los Tratados de Libre Comercio no se aplica el principio de primacía de los derechos humanos sobre el comercio internacional. Las obligaciones allí generadas resguardan esencialmente los derechos comerciales de las empresas y podrían subordinar importantes obligaciones que los Estados Centroamericanos han adquirido en el marco del sistema de protección de los Derechos Fundamentales, en particular en el campo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.


Los países centroamericanos al asumir estos acuerdos en una situación de debilidad, por la fragilidad de sus economías y por una enorme deuda externa acumulada, se han puesto en una encrucijada. El ideal de que dichos acuerdos los llevarán al crecimiento económico, es una visión parcializada, porque no considera los términos reales de intercambio, y supone una igualdad inexistente entre los estados co-contratantes y sus economías, y no se acompaña de programas de comercio justo.

Ante esta situación, se deben plantear otras metodologías en las relaciones económicas entre los Estados, mismas que necesariamente deberán incorporarse en los futuros Tratados de Comercio justo que se suscriban, ya que hasta este momento, los países ampliarán sus mercados y equilibrarán sus cuentas públicas. Hasta hoy, la apertura indiscriminada de los mercados de los países en desarrollo a las importaciones no ha tenido resultados que den lugar al optimismo. Lo mismo puede decirse de la expansión de la producción para las exportaciones, en la medida en que no ha tenido efectos positivos sobre otros sectores de las economías nacionales, acaba formando islas de crecimiento dentro de los países.

Los países centroamericanos deberán promover y consolidar un programa de negociación internacional uniforme en el contexto de la integración y desarrollar políticas que incrementen en forma eficiente la oferta de productos con potencial exportable, asumiendo las nuevas propuestas del comercio justo. La Union Europea ha sido más susceptible a hablar de acuerdos de asociación, que sin embargo pueden adolecer de las mismas deficiencias aunque se use un lenguaje mas moderado. Está pendiente promover relaciones comerciales más equitativas, que protejan a los empresarios de nuestra región. En el contexto de la integración, permitir que los productores de nuestros países se asocien, con el fin de colocar sus productos en mercados internacionales va a promover no solo mejores productos y precios, sino que seguramente, nuevos estándares de derechos humanos, laborales y ambientales. Finalmente, reconsiderar la Declaración del Mar del Plata que toma como de especial interés el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Lo señala como “indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región e indica: “Reconocemos que para que la democracia prospere, los gobiernos deben responder a las aspiraciones legítimas de sus pueblos y trabajar para proveerles las herramientas y oportunidades para mejorar sus vidas.”

DERECHOS LABORALES EN EL TLC.Documento


EL DERECHO LABORAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA.


Alejandro Ulloa Dormond
Frank Ulloa Royo
Observatorio Mesoamericano

El Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA, establece sus propias normas de lo que se va a entender por Derecho de Trabajo. Las normas laborales que se van aplicar en todos nuestros países, son aquellas vigentes en el momento en el que se suscribieron el Tratado de Libre Comercio. Cada país deberá rendir cuentas sobre el adecuado cumplimiento de las mismas. El marco legal de protección jurídica y de seguridad social es limitado, por lo que no significa una carga excesiva para las empresas. Cada Parte podrá crear un Comité Nacional de Trabajo Consultivo o Asesor, o consultar uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad, incluyendo representantes de las organizaciones de trabajadores y de empresarios, los cuales entreguen sus puntos de vista sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo, manteniendo una constante comunicación con el público al que se le deberá consultar y hacerles llegar las decisiones que dicho Consejo tome, estableciéndose además mecanismos de cooperación internacional para mejorar las normas laborales, y avanzar aún más en los compromisos comunes, bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y a los requerimientos internos de cada Parte. En este mismo sentido, se crea un mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades entre las partes con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las normas laborales, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los participantes. Dentro de los objetivos principales que se persiguen con este mecanismo se encuentran: El establecimiento de programas de asistencia técnica incluyendo el otorgamiento de recursos humanos, técnicos y materiales, intercambio de delegaciones, profesionales y especialistas en diversas áreas, información sobre estándares, regulaciones, procedimientos, intercambio de información respecto del mejoramiento de la productividad, promoción de mejores prácticas laborales y el uso efectivo de tecnologías, incluyendo las que se basan en Internet, la organización de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de capacitación y programas de divulgación y educación conjuntos así como el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, además de programas de administración laboral, refiriéndose a capacidad institucional de las administraciones laborales y Tribunales de Justicia, especialmente en materia de capacitación y profesionalización del recurso humano, métodos y capacitación para mejorar la aplicación, aumentar la eficiencia, fortalecer los sistemas de inspección de trabajo, y asegurar el cumplimiento de las legislaciones nacionales en materia laboral, búsqueda de mecanismos efectivos de Resolución Alterna de Conflictos laborales y de cooperación para asegurar, de esta manera, relaciones laborales productivas entre los trabajadores, empleadores y gobiernos.

El Capitulo 16 del RD-CATTA lo que establece es la obligatoriedad de cada uno de los países firmantes de respetar su legislación laboral interna y el establecimiento de multas de hasta 15 millones de dólares, de conformidad con el capítulo 20 del tratado para aquellos países que las incumplan, los dineros de dichas multas serán invertidos en el país incumpliente a fin de que se garantice el cumplimiento de la legislación laboral a futuro. De esta manera, el artículo 16.1 establece: “Declaración de Compromisos Compartidos: 1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998). Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales internacionalmente reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna. 2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales y, consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal sentido”. Como vemos, en este artículo se garantiza el respeto por los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por los distintos países y sus obligaciones como Estados miembros de dicha Organización. El cumplimiento de la normativa internacional hay que entenderlo que se refiere a la Declaración de la OIT de 1998, en cuanto a lo que se consideran derechos humanos fundamentales. Incluye además los tratados suscritos por la región a la entrada en vigencia del Tratado. Garantiza además el respeto por la autonomía de la legislación interna, asumiendo un compromiso de mejorar en la medida de lo posible, las condiciones laborales en los términos de dichos Tratados. Para lograr esto, en el artículo siguiente se determina que las partes, una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio no deben “dejar de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes...” , quedando a criterio de cada país la toma de medidas administrativas y judiciales para garantizar la fiscalización y cumplimiento de su normativa laboral, en el tanto se tomen estas medidas de una manera razonable, se entenderá que la parte cumple adecuadamente con lo anterior.


En el siguiente inciso del mismo artículo, se establece que: “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto dicha legislación de una manera que debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el Artículo 16.8, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.” En el inciso tercero se afirma que “Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra Parte.” Seguidamente, en el artículo 16.4, cada parte se compromete a crear un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial, el cual deberá reunirse dentro del primer año desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo al Capítulo 16.


Asimismo, es deber de las partes establecer sistemas de vigilancia del cumplimiento de sus leyes y reglamentos relativos a horas de trabajo, salario mínimo y horas extraordinarias, seguridad y salud ocupacional y condiciones del empleo, trabajadores migrantes, programas de asistencia social como el desarrollo de recurso humano y capacitación de los trabajadores, temas de género incluyendo la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación.

Este tipo de mecanismos pueden ser de gran utilidad en el mejoramiento de la normativa laboral del área y especialmente respecto al adecuado cumplimiento de la misma, en momentos en donde la cooperación internacional y el intercambio de información son fundamentales en los proyectos de desarrollo de nuestros países, constituyendo casi la única forma de lograr los objetivos propuestos de una forma ágil y efectiva. En el caso de que surjan asuntos conflictivos que así lo ameriten, una parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte, debiendo ambas buscar una solución satisfactoria para ambos, si no se ponen de acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar que se convoque un Consejo, compuesto por representantes de nivel ministerial de las partes consultantes o sus delegados para conocer el asunto, el mismo podrá recurrir a consultas con expertos externos y a procedimientos tales como la conciliación o mediación con tal de resolver la discordia.

El acudir a estos procedimientos es necesario para poder recurrir posteriormente al procedimiento de solución de controversias que establece el Tratado, lo anterior no excluye que las partes puedan acudir a otros mecanismos para solucionar sus diferencias que estén establecidos en otros Tratados en los que ambos formen parte.
Adicionalmente, cada parte deberá nombrar una lista de once personas que funjan como árbitros para resolver las controversia que surjan en virtud de que alguno de los países desaplique o aplique de manera deficiente su legislación laboral interna, entendida para efectos de este Tratado, como aquellas regulaciones, ya sean leyes o decretos ejecutivos, para el caso de Costa Rica, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: el derecho de asociación, el de organizarse y negociar colectivamente, la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, la edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 16.8, de forma tal que pueda afectar el Tratado. Los árbitros mencionados deberán tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral o en su aplicación, comercio internacional o solución de controversias derivadas de acuerdos internacionales, además de ser independientes, es decir, no estar vinculados con cualquiera de las Partes y no recibir instrucciones de las mismas. El Tratados de Libre Comercio crea un sistema de Justicia Ad Hoc, a través del mecanismo de Solución de Controversias, que resguarda las obligaciones derivadas del TLC por encima del Sistema de Justicia Nacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Podría ocurrir que, para evitar costosas sanciones económicas por el incumplimiento de los derechos comerciales que confiere el Tratado de Libre Comercio, se limite e
El desarrollo de nuevas normas que den mayor y mejor garantía de los Derechos Económicos y Sociales, propuestos por las Naciones Unidas. Dada la posibilidad de que nuestros países sean demandados ante el mecanismo de solución de controversias del acuerdo por incumplimiento de las normas acordadas en el marco del RD-CAFTA, existe el peligro a que los estándares de protección de los derechos de los trabajadores no mejoren sino se congelen en el marco normativo actual, como manera de evitar sanciones o pago de compensaciones por el incumplimiento de dichas normas. Lo anterior iría en contra de las numerosas Declaraciones y compromisos adquiridos internacionalmente que los gobiernos de la región, en el marco del sistema internacional de protección de los derechos humanos, incluida la Declaración de Mar del Plata.

El presente capítulo del Tratado de Libre Comercio no representa -por si mismo-, una amenaza para el Derecho Laboral. Al contrario, lo refuerza, al reiterar las obligaciones de las partes en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral, tanto nacional como internacional, destacándose dentro de esta el derecho de libre asociación y de negociación colectiva, como pilares fundamentales que deben regir las relaciones laborales y los compromisos adquiridos en el sentido de no flexibilizar el ordenamiento jurídico con el objetivo de atraer inversión. El problema se puede presentar por las prácticas laborales inadecuadas. Este tratado desmejora las garantías que tenía el Tratado de la Cuenca del Caribe, porque por violación de la normativa interna un Estado podía ser excluido de esos beneficios. Ese sistema si constituye una presión para el cumplimiento normativo que ahora fue dejado de lado.

Los problemas que surgen no se presentan en el ámbito normativo, si no en la puesta en práctica de la las citadas normas, ya que si se analiza a fondo la situación del derecho laboral, tanto de Costa Rica como de la región, los incumplimientos a las normas establecidas son cosas de todos los días, por lo que el reto que se presenta es que nuestros países tomen las políticas internas necesarias para hacer respetar lo que de por si ya es una obligación de los Estados, de no ser así, toda la región se expone peligrosamente al establecimiento de multas que no van a poder pagar y que en caso de pagarse, golpearán fuertemente las ya de por si debilitadas finanzas públicas.

Según se vio, el problema con este tratado más bien aparece en el capítulo de solución de controversias. El Capítulo Número Veinte del Tratado establece el mecanismo denominado “Solución de Controversias”, según el cual las partes deberán procurar llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de este Tratado mediante la cooperación y las consultas mutuas. Dicho mecanismo se aplicará para aquellos casos en que el conflicto verse sobre la aplicación o a la interpretación de este Tratado, cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones de este Tratado, o que otra Parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones de este y cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte cause o pudiera causar anulación o menoscabo, sin que se viole el Tratado en sí mismo, en relación a los siguientes temas: trato nacional y acceso a bienes de mercado, reglas y procedimientos de origen, administración aduanera, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios y propiedad intelectual.
En el Artículo 20.3, se establece que de existir un conflicto, la Parte reclamante podrá elegir el foro en el que desea que sea resuelto, cuando existan otros Tratados de Libre Comercio o respecto a acuerdos de la Organización Mundial de Comercio al que las Partes contendientes pertenezcan foro que escoja la Parte reclamante. Una vez que una Parte haya elegido el foro referido anteriormente, el mismo será excluyente de los otros. De acuerdo con el artículo 20.4 del Tratado, una parte podrá, en cualquier momento, consultar a otra sobre cualquier medida vigente o en proyecto, o respecto de cualquier otro asunto que considere pudiese afectar el funcionamiento del Tratado.

Lo anterior se hace mediante una solicitud en donde se deben expresar las razones y los fundamentos jurídicos del reclamo, buscando ambas partes lograr una solución satisfactoria, para lo cual deberán aportar la documentación que sea necesaria sobre la medida vigente o en proyecto.
De no lograrse un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que el caso se remita a la “Comisión de Buenos Oficios, Conciliación y Mediación”, compuesta por representantes a nivel ministerial de los involucrados, dicha comisión posee diez días para reunirse y podrá recurrir a los asesores técnicos o grupos de expertos que considere necesarios, a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias. También podrá la Comisión emitir las recomendaciones que estime pertinentes para solucionar el conflicto.
Si transcurridos treinta días las partes no han logrado llegar a un acuerdo, una de ellas podrá solicitar por escrito a su contraparte el establecimiento de un panel arbitral para que considere el asunto. Una tercera Parte que se encuentre legitimada para solicitar el establecimiento de un panel y considere que tiene interés sustancial en el asunto, podrá participar en el procedimiento arbitral como Parte reclamante mediante entrega de su intención por escrito a las otras.

Para la conformación de dicho panel, cada una de las partes firmantes del Tratado de Libre Comercio deberá integrar una lista de sesenta personas, de las cuales, salvo acuerdo en contrario, al menos doce personas no deben ser nacionales. Todos los miembros de esta lista deben poseer conocimientos especializados o experiencia en Derecho, comercio internacional, o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales y ser independientes de las partes. El panel arbitral estará compuesto por tres miembros, debiendo ambas partes en conjunto, designar al presidente del panel, de no llegarse a un acuerdo, la designación se hará por sorteo entre los miembros de ambas listas que no sean nacionales de las partes contendientes.
Una vez electo el presidente, dentro de los quince días siguientes, cada una de las partes en conflicto seleccionará un panelista para completar el número requerido, si no lo hacen se seguirá el mismo procedimiento anterior, solo que esta vez el sorteo se efectuara entre los miembros de lista que sean nacionales.

En el procedimiento se garantizará a cada parte la oportunidad de acudir al menos a una audiencia pública con el panel y a presentar en ella alegatos iniciales y de réplica por escrito. Este mismo derecho lo poseen las demás partes firmantes del Tratado, previa entrega de notificación escrita a las Partes contendientes. El panel cuenta con un plazo de ciento veinte días para presentar a la partes un informe inicial que debe contener “ a) Las conclusiones de hecho, incluyendo cualquiera derivada de una solicitud hecha conforme al Artículo 20.10; ... b)la determinación sobre si una Parte contendiente ha incumplido sus obligaciones derivadas de este Tratado o, que una medida de una Parte causa anulación o menoscabo de conformidad con el Anexo 20.2, o cualquier otra determinación solicitada en los términos de referencia; y c) sus recomendaciones, si las Partes las han solicitado, para la solución de la controversia.”
En los treinta días siguientes a la presentación del informe inicial, el panel debe emitir un informe final, el cual incluya los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido decisión unánime. Una vez emitido este informe, las partes determinarán la solución de la controversia, la cual normalmente se ajustará a las determinaciones y recomendaciones que en su caso formule el panel y podrá incluir planes de soluciones conjuntas. Cualquier solución que se determine debe incluir el cese de los incumplimientos al Tratado, si es que los hubieren, detectados por el panel. Si no se logra una solución al respecto, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del informe final o dentro de otro plazo que las Partes contendientes convengan, la parte demandada debe iniciar negociaciones con la o las partes contendientes con el objetivo de establecer una compensación aceptable para ambos. De no hacerlo así o si una de las partes considera que la otra no ha cumplido con lo pactado, la Parte reclamante podrá, a partir de ese momento, notificar por escrito a la demandada su intención de suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente con respecto a ella.

Ante esta situación, si la parte demandada considera que no ha incumplido o que le asiste algún derecho, podrá solicitar dentro de los treinta días siguientes a la notificación anterior, que el panel se reúna nuevamente para examinar el asunto. Además, la parte reclamante podrá, en cualquier momento solicitar que el panel se constituya nuevamente para que imponga una contribución monetaria anual en dólares de los Estados Unidos, dentro de los noventa días posteriores a su constitución, a la parte demandada. Para determinar el monto de la sanción, el panel tomará en cuenta:
“... a) los efectos sobre el comercio bilateral generados por el incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente; b) la persistencia y duración del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente;
c) las razones del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente incluyendo, cuando sea relevante, el incumplimiento en cuanto a la observancia de los términos de un plan de acción, d) el nivel de cumplimiento que razonablemente podría esperarse de la Parte, habida cuenta de la limitación de sus recursos; e) los esfuerzos realizados por la Parte para comenzar a corregir el incumplimiento después de la recepción del informe final del panel, incluso mediante la implementación de cualquier plan de acción mutuamente acordado f); y cualquier otro factor pertinente.”
Dicho monto de no podrá superar en ningún caso los quince millones de dólares de Estados Unidos anuales, reajustados anualmente según la inflación de los Estados Unidos de Norte América. Dichas contribuciones “...se depositarán en un fondo establecido por la Comisión y se utilizarán, bajo su dirección, en iniciativas laborales o ambientales pertinentes, entre las que se incluirán los esfuerzos para el mejoramiento del cumplimiento de la legislación laboral o ambiental, según el caso, dentro del territorio de la Parte demandada, y de conformidad con su legislación. Al decidir el destino que se le dará a los dineros depositados en el fondo, la Comisión considerará las opiniones de personas interesadas del territorio de las Partes contendientes.” Si la Parte demandada no cumple la obligación de pagar la contribución monetaria, la Parte reclamante podrá adoptar otras medidas para cobrar la contribución o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, como la de suspensión de beneficios arancelarios en la medida necesaria para cobrar la contribución. Cuando la Parte demandada considere que ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo constatada por el panel, podrá solicitar someter el asunto a conocimiento del panel mediante notificación escrita a la Parte o Partes reclamantes. El panel emitirá su informe sobre el asunto dentro de un plazo de noventa días a partir de dicha notificación.

En caso de que la decisión sea favorable a la parte demandada, la parte o partes reclamantes restablecerán, sin demora, los beneficios que hubieren suspendido y la primera dejará de ser requerida para el pago de la contribución monetaria acordada.
El artículo 20.20 se refiere a la interpretación del Tratado ante instancias judiciales y administrativas internas, estableciendo que en los casos en que surjan problemas de esta índole en un asunto interno y que dichas autoridades así lo soliciten o bien, que cualquier otra Parte lo crea necesario, pedirán el criterio de la Comisión anteriormente citada para que esta decida, si la Comisión no logra llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede emitir su opinión al Tribunal u órgano administrativo respectivo.

Se establece además que las Partes no podrán otorgar derecho de acción en su legislación interna contra otra Parte, tratándose de medidas o acciones tomadas por la misma que a juicio de la primera sean violatorias de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, o lo que es lo mismo, en el caso de que surjan controversias de esta índole, las partes renuncian a su jurisdicción, obligándose a resolverlas mediante los medios establecidos en el citado instrumento internacional. Por último, el Tratado determina que es deseable, en la mayor medida posible, que cada Parte promueva y facilite el arbitraje y otros medios alternativos para la solución de conflictos comerciales internacionales, para lo cual deberán cumplir, si son parte, con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1975.

Los procedimientos establecidos por el Tratado de Libre Comercio para la solución de controversias son complejos y no garantizan una tramitación expedita de los mismos. En todo momento se procura la cooperación entre las Partes con el objetivo de lograr soluciones satisfactorias para todos los involucrados y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Incluso las multas impuestas lo que buscan es promover el mejoramiento de las condiciones existentes en el país incumpliente, al tener que invertirse las mismas en programas que ayuden a erradicar el foco de conflicto, lo que de suma importancia. La interrogante que surge es ¿cuál será la capacidad de los países del istmo para controlar el cumplimiento de la normativa? La sociedad civil debe de jugar un papel en ese sentido.

EL TLC. UN TEMA DE MUJERES



Por Marianne Mollmann «*»

No es necesario ser un activista anti-globalización para preocuparse por las negociaciones comerciales entre el Perú y los Estados Unidos. Basta con ser mujer. Todos los tratados comerciales negociados por la administración Bush han ignorado el derecho internacionalmente reconocido a la no discriminación en el trabajo, y no han incorporado protecciones adecuadas para los derechos laborales. ¿El resultado? El Estado peruano podría acceder a los beneficios de un tratado comercial con los EE.UU. sin que los términos del tratado condenen las potenciales violaciones a los derechos laborales. Las mujeres, por su parte, quizás accederán al mercado de trabajo en mayor número, pero pagando un costo alto: situaciones laborales discriminatorias que podrían quedar impunes. Esto es inaceptable.
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El derecho a la no discriminación por sexo en el trabajo es uno de los cinco derechos laborales considerados esenciales por la OIT. Tanto el Perú como EE.UU. tienen obligaciones internacionales a este respecto.
Marianne Mollmann, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch



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El derecho a la no discriminación por sexo en el trabajo es uno de los cinco derechos laborales considerados esenciales por la OIT. Tanto el Perú como EE.UU. tienen obligaciones internacionales a este respecto. No obstante, la discriminación sexual es todavía una forma común de violación a los derechos laborales en las Américas, en particular en las zonas francas que producen, en su mayoría, para la exportación. Por supuesto que el comercio internacional y la exportación no crean, de por sí, la discriminación sexual. Sin embargo, la voluntad interna y la presión externa de proveer un 'clima beneficioso para las inversiones' pesa tanto que algunos países deciden ignorar las violaciones de los derechos laborales cometidos por compañías exportadoras. Es precisamente por eso que los acuerdos de comercio internacional deben proteger los derechos laborales con el mismo vigor con el que protegen las provisiones comerciales.

Human Rights Watch ha documentado violaciones al derecho a la no discriminación por sexo en varios países, incluyendo Guatemala y México. Recientemente, en enero de 2004, recogió el testimonio de trabajadoras en la República Dominicana que habían sido forzadas a pasar por una prueba de embarazo para conseguir empleo. Las trabajadoras peruanas deben saber que este hecho fue ignorado por los negociadores comerciales dominicanos y estadounidenses que-sin ninguna referencia a esta situación de discriminación sistemática-finalizaron un acuerdo (CAFTA). Si el CAFTA se ratifica, las compañías que trabajan en República Dominicana y en otros países en Centroamérica podrán beneficiarse del amplio acceso al mercado estadounidense, mientras continúan violando los derechos más esenciales de las mujeres trabajadoras.

Para evitar que esta situación se presente en el Perú, las negociaciones deben garantizar equidad y derechos para los trabajadores y trabajadoras. Incluir la prohibición de la discriminación sexual en el trabajo como una prioridad es un elemento indispensable para lograr tratados comerciales justos.