domingo, 13 de mayo de 2007

DERECHOS LABORALES EN EL TLC.Documento


EL DERECHO LABORAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA.


Alejandro Ulloa Dormond
Frank Ulloa Royo
Observatorio Mesoamericano

El Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA, establece sus propias normas de lo que se va a entender por Derecho de Trabajo. Las normas laborales que se van aplicar en todos nuestros países, son aquellas vigentes en el momento en el que se suscribieron el Tratado de Libre Comercio. Cada país deberá rendir cuentas sobre el adecuado cumplimiento de las mismas. El marco legal de protección jurídica y de seguridad social es limitado, por lo que no significa una carga excesiva para las empresas. Cada Parte podrá crear un Comité Nacional de Trabajo Consultivo o Asesor, o consultar uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad, incluyendo representantes de las organizaciones de trabajadores y de empresarios, los cuales entreguen sus puntos de vista sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo, manteniendo una constante comunicación con el público al que se le deberá consultar y hacerles llegar las decisiones que dicho Consejo tome, estableciéndose además mecanismos de cooperación internacional para mejorar las normas laborales, y avanzar aún más en los compromisos comunes, bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y a los requerimientos internos de cada Parte. En este mismo sentido, se crea un mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades entre las partes con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las normas laborales, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada uno de los participantes. Dentro de los objetivos principales que se persiguen con este mecanismo se encuentran: El establecimiento de programas de asistencia técnica incluyendo el otorgamiento de recursos humanos, técnicos y materiales, intercambio de delegaciones, profesionales y especialistas en diversas áreas, información sobre estándares, regulaciones, procedimientos, intercambio de información respecto del mejoramiento de la productividad, promoción de mejores prácticas laborales y el uso efectivo de tecnologías, incluyendo las que se basan en Internet, la organización de conferencias, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de capacitación y programas de divulgación y educación conjuntos así como el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, además de programas de administración laboral, refiriéndose a capacidad institucional de las administraciones laborales y Tribunales de Justicia, especialmente en materia de capacitación y profesionalización del recurso humano, métodos y capacitación para mejorar la aplicación, aumentar la eficiencia, fortalecer los sistemas de inspección de trabajo, y asegurar el cumplimiento de las legislaciones nacionales en materia laboral, búsqueda de mecanismos efectivos de Resolución Alterna de Conflictos laborales y de cooperación para asegurar, de esta manera, relaciones laborales productivas entre los trabajadores, empleadores y gobiernos.

El Capitulo 16 del RD-CATTA lo que establece es la obligatoriedad de cada uno de los países firmantes de respetar su legislación laboral interna y el establecimiento de multas de hasta 15 millones de dólares, de conformidad con el capítulo 20 del tratado para aquellos países que las incumplan, los dineros de dichas multas serán invertidos en el país incumpliente a fin de que se garantice el cumplimiento de la legislación laboral a futuro. De esta manera, el artículo 16.1 establece: “Declaración de Compromisos Compartidos: 1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998). Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales internacionalmente reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna. 2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales y, consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal sentido”. Como vemos, en este artículo se garantiza el respeto por los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por los distintos países y sus obligaciones como Estados miembros de dicha Organización. El cumplimiento de la normativa internacional hay que entenderlo que se refiere a la Declaración de la OIT de 1998, en cuanto a lo que se consideran derechos humanos fundamentales. Incluye además los tratados suscritos por la región a la entrada en vigencia del Tratado. Garantiza además el respeto por la autonomía de la legislación interna, asumiendo un compromiso de mejorar en la medida de lo posible, las condiciones laborales en los términos de dichos Tratados. Para lograr esto, en el artículo siguiente se determina que las partes, una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio no deben “dejar de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes...” , quedando a criterio de cada país la toma de medidas administrativas y judiciales para garantizar la fiscalización y cumplimiento de su normativa laboral, en el tanto se tomen estas medidas de una manera razonable, se entenderá que la parte cumple adecuadamente con lo anterior.


En el siguiente inciso del mismo artículo, se establece que: “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto dicha legislación de una manera que debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos señalados en el Artículo 16.8, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.” En el inciso tercero se afirma que “Nada en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra Parte.” Seguidamente, en el artículo 16.4, cada parte se compromete a crear un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial, el cual deberá reunirse dentro del primer año desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo al Capítulo 16.


Asimismo, es deber de las partes establecer sistemas de vigilancia del cumplimiento de sus leyes y reglamentos relativos a horas de trabajo, salario mínimo y horas extraordinarias, seguridad y salud ocupacional y condiciones del empleo, trabajadores migrantes, programas de asistencia social como el desarrollo de recurso humano y capacitación de los trabajadores, temas de género incluyendo la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación.

Este tipo de mecanismos pueden ser de gran utilidad en el mejoramiento de la normativa laboral del área y especialmente respecto al adecuado cumplimiento de la misma, en momentos en donde la cooperación internacional y el intercambio de información son fundamentales en los proyectos de desarrollo de nuestros países, constituyendo casi la única forma de lograr los objetivos propuestos de una forma ágil y efectiva. En el caso de que surjan asuntos conflictivos que así lo ameriten, una parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte, debiendo ambas buscar una solución satisfactoria para ambos, si no se ponen de acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar que se convoque un Consejo, compuesto por representantes de nivel ministerial de las partes consultantes o sus delegados para conocer el asunto, el mismo podrá recurrir a consultas con expertos externos y a procedimientos tales como la conciliación o mediación con tal de resolver la discordia.

El acudir a estos procedimientos es necesario para poder recurrir posteriormente al procedimiento de solución de controversias que establece el Tratado, lo anterior no excluye que las partes puedan acudir a otros mecanismos para solucionar sus diferencias que estén establecidos en otros Tratados en los que ambos formen parte.
Adicionalmente, cada parte deberá nombrar una lista de once personas que funjan como árbitros para resolver las controversia que surjan en virtud de que alguno de los países desaplique o aplique de manera deficiente su legislación laboral interna, entendida para efectos de este Tratado, como aquellas regulaciones, ya sean leyes o decretos ejecutivos, para el caso de Costa Rica, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos: el derecho de asociación, el de organizarse y negociar colectivamente, la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, la edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 16.8, de forma tal que pueda afectar el Tratado. Los árbitros mencionados deberán tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral o en su aplicación, comercio internacional o solución de controversias derivadas de acuerdos internacionales, además de ser independientes, es decir, no estar vinculados con cualquiera de las Partes y no recibir instrucciones de las mismas. El Tratados de Libre Comercio crea un sistema de Justicia Ad Hoc, a través del mecanismo de Solución de Controversias, que resguarda las obligaciones derivadas del TLC por encima del Sistema de Justicia Nacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Podría ocurrir que, para evitar costosas sanciones económicas por el incumplimiento de los derechos comerciales que confiere el Tratado de Libre Comercio, se limite e
El desarrollo de nuevas normas que den mayor y mejor garantía de los Derechos Económicos y Sociales, propuestos por las Naciones Unidas. Dada la posibilidad de que nuestros países sean demandados ante el mecanismo de solución de controversias del acuerdo por incumplimiento de las normas acordadas en el marco del RD-CAFTA, existe el peligro a que los estándares de protección de los derechos de los trabajadores no mejoren sino se congelen en el marco normativo actual, como manera de evitar sanciones o pago de compensaciones por el incumplimiento de dichas normas. Lo anterior iría en contra de las numerosas Declaraciones y compromisos adquiridos internacionalmente que los gobiernos de la región, en el marco del sistema internacional de protección de los derechos humanos, incluida la Declaración de Mar del Plata.

El presente capítulo del Tratado de Libre Comercio no representa -por si mismo-, una amenaza para el Derecho Laboral. Al contrario, lo refuerza, al reiterar las obligaciones de las partes en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral, tanto nacional como internacional, destacándose dentro de esta el derecho de libre asociación y de negociación colectiva, como pilares fundamentales que deben regir las relaciones laborales y los compromisos adquiridos en el sentido de no flexibilizar el ordenamiento jurídico con el objetivo de atraer inversión. El problema se puede presentar por las prácticas laborales inadecuadas. Este tratado desmejora las garantías que tenía el Tratado de la Cuenca del Caribe, porque por violación de la normativa interna un Estado podía ser excluido de esos beneficios. Ese sistema si constituye una presión para el cumplimiento normativo que ahora fue dejado de lado.

Los problemas que surgen no se presentan en el ámbito normativo, si no en la puesta en práctica de la las citadas normas, ya que si se analiza a fondo la situación del derecho laboral, tanto de Costa Rica como de la región, los incumplimientos a las normas establecidas son cosas de todos los días, por lo que el reto que se presenta es que nuestros países tomen las políticas internas necesarias para hacer respetar lo que de por si ya es una obligación de los Estados, de no ser así, toda la región se expone peligrosamente al establecimiento de multas que no van a poder pagar y que en caso de pagarse, golpearán fuertemente las ya de por si debilitadas finanzas públicas.

Según se vio, el problema con este tratado más bien aparece en el capítulo de solución de controversias. El Capítulo Número Veinte del Tratado establece el mecanismo denominado “Solución de Controversias”, según el cual las partes deberán procurar llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de este Tratado mediante la cooperación y las consultas mutuas. Dicho mecanismo se aplicará para aquellos casos en que el conflicto verse sobre la aplicación o a la interpretación de este Tratado, cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte, es o podría ser incompatible con las obligaciones de este Tratado, o que otra Parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones de este y cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte cause o pudiera causar anulación o menoscabo, sin que se viole el Tratado en sí mismo, en relación a los siguientes temas: trato nacional y acceso a bienes de mercado, reglas y procedimientos de origen, administración aduanera, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios y propiedad intelectual.
En el Artículo 20.3, se establece que de existir un conflicto, la Parte reclamante podrá elegir el foro en el que desea que sea resuelto, cuando existan otros Tratados de Libre Comercio o respecto a acuerdos de la Organización Mundial de Comercio al que las Partes contendientes pertenezcan foro que escoja la Parte reclamante. Una vez que una Parte haya elegido el foro referido anteriormente, el mismo será excluyente de los otros. De acuerdo con el artículo 20.4 del Tratado, una parte podrá, en cualquier momento, consultar a otra sobre cualquier medida vigente o en proyecto, o respecto de cualquier otro asunto que considere pudiese afectar el funcionamiento del Tratado.

Lo anterior se hace mediante una solicitud en donde se deben expresar las razones y los fundamentos jurídicos del reclamo, buscando ambas partes lograr una solución satisfactoria, para lo cual deberán aportar la documentación que sea necesaria sobre la medida vigente o en proyecto.
De no lograrse un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que el caso se remita a la “Comisión de Buenos Oficios, Conciliación y Mediación”, compuesta por representantes a nivel ministerial de los involucrados, dicha comisión posee diez días para reunirse y podrá recurrir a los asesores técnicos o grupos de expertos que considere necesarios, a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias. También podrá la Comisión emitir las recomendaciones que estime pertinentes para solucionar el conflicto.
Si transcurridos treinta días las partes no han logrado llegar a un acuerdo, una de ellas podrá solicitar por escrito a su contraparte el establecimiento de un panel arbitral para que considere el asunto. Una tercera Parte que se encuentre legitimada para solicitar el establecimiento de un panel y considere que tiene interés sustancial en el asunto, podrá participar en el procedimiento arbitral como Parte reclamante mediante entrega de su intención por escrito a las otras.

Para la conformación de dicho panel, cada una de las partes firmantes del Tratado de Libre Comercio deberá integrar una lista de sesenta personas, de las cuales, salvo acuerdo en contrario, al menos doce personas no deben ser nacionales. Todos los miembros de esta lista deben poseer conocimientos especializados o experiencia en Derecho, comercio internacional, o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales y ser independientes de las partes. El panel arbitral estará compuesto por tres miembros, debiendo ambas partes en conjunto, designar al presidente del panel, de no llegarse a un acuerdo, la designación se hará por sorteo entre los miembros de ambas listas que no sean nacionales de las partes contendientes.
Una vez electo el presidente, dentro de los quince días siguientes, cada una de las partes en conflicto seleccionará un panelista para completar el número requerido, si no lo hacen se seguirá el mismo procedimiento anterior, solo que esta vez el sorteo se efectuara entre los miembros de lista que sean nacionales.

En el procedimiento se garantizará a cada parte la oportunidad de acudir al menos a una audiencia pública con el panel y a presentar en ella alegatos iniciales y de réplica por escrito. Este mismo derecho lo poseen las demás partes firmantes del Tratado, previa entrega de notificación escrita a las Partes contendientes. El panel cuenta con un plazo de ciento veinte días para presentar a la partes un informe inicial que debe contener “ a) Las conclusiones de hecho, incluyendo cualquiera derivada de una solicitud hecha conforme al Artículo 20.10; ... b)la determinación sobre si una Parte contendiente ha incumplido sus obligaciones derivadas de este Tratado o, que una medida de una Parte causa anulación o menoscabo de conformidad con el Anexo 20.2, o cualquier otra determinación solicitada en los términos de referencia; y c) sus recomendaciones, si las Partes las han solicitado, para la solución de la controversia.”
En los treinta días siguientes a la presentación del informe inicial, el panel debe emitir un informe final, el cual incluya los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido decisión unánime. Una vez emitido este informe, las partes determinarán la solución de la controversia, la cual normalmente se ajustará a las determinaciones y recomendaciones que en su caso formule el panel y podrá incluir planes de soluciones conjuntas. Cualquier solución que se determine debe incluir el cese de los incumplimientos al Tratado, si es que los hubieren, detectados por el panel. Si no se logra una solución al respecto, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del informe final o dentro de otro plazo que las Partes contendientes convengan, la parte demandada debe iniciar negociaciones con la o las partes contendientes con el objetivo de establecer una compensación aceptable para ambos. De no hacerlo así o si una de las partes considera que la otra no ha cumplido con lo pactado, la Parte reclamante podrá, a partir de ese momento, notificar por escrito a la demandada su intención de suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente con respecto a ella.

Ante esta situación, si la parte demandada considera que no ha incumplido o que le asiste algún derecho, podrá solicitar dentro de los treinta días siguientes a la notificación anterior, que el panel se reúna nuevamente para examinar el asunto. Además, la parte reclamante podrá, en cualquier momento solicitar que el panel se constituya nuevamente para que imponga una contribución monetaria anual en dólares de los Estados Unidos, dentro de los noventa días posteriores a su constitución, a la parte demandada. Para determinar el monto de la sanción, el panel tomará en cuenta:
“... a) los efectos sobre el comercio bilateral generados por el incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente; b) la persistencia y duración del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente;
c) las razones del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación pertinente incluyendo, cuando sea relevante, el incumplimiento en cuanto a la observancia de los términos de un plan de acción, d) el nivel de cumplimiento que razonablemente podría esperarse de la Parte, habida cuenta de la limitación de sus recursos; e) los esfuerzos realizados por la Parte para comenzar a corregir el incumplimiento después de la recepción del informe final del panel, incluso mediante la implementación de cualquier plan de acción mutuamente acordado f); y cualquier otro factor pertinente.”
Dicho monto de no podrá superar en ningún caso los quince millones de dólares de Estados Unidos anuales, reajustados anualmente según la inflación de los Estados Unidos de Norte América. Dichas contribuciones “...se depositarán en un fondo establecido por la Comisión y se utilizarán, bajo su dirección, en iniciativas laborales o ambientales pertinentes, entre las que se incluirán los esfuerzos para el mejoramiento del cumplimiento de la legislación laboral o ambiental, según el caso, dentro del territorio de la Parte demandada, y de conformidad con su legislación. Al decidir el destino que se le dará a los dineros depositados en el fondo, la Comisión considerará las opiniones de personas interesadas del territorio de las Partes contendientes.” Si la Parte demandada no cumple la obligación de pagar la contribución monetaria, la Parte reclamante podrá adoptar otras medidas para cobrar la contribución o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, como la de suspensión de beneficios arancelarios en la medida necesaria para cobrar la contribución. Cuando la Parte demandada considere que ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo constatada por el panel, podrá solicitar someter el asunto a conocimiento del panel mediante notificación escrita a la Parte o Partes reclamantes. El panel emitirá su informe sobre el asunto dentro de un plazo de noventa días a partir de dicha notificación.

En caso de que la decisión sea favorable a la parte demandada, la parte o partes reclamantes restablecerán, sin demora, los beneficios que hubieren suspendido y la primera dejará de ser requerida para el pago de la contribución monetaria acordada.
El artículo 20.20 se refiere a la interpretación del Tratado ante instancias judiciales y administrativas internas, estableciendo que en los casos en que surjan problemas de esta índole en un asunto interno y que dichas autoridades así lo soliciten o bien, que cualquier otra Parte lo crea necesario, pedirán el criterio de la Comisión anteriormente citada para que esta decida, si la Comisión no logra llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede emitir su opinión al Tribunal u órgano administrativo respectivo.

Se establece además que las Partes no podrán otorgar derecho de acción en su legislación interna contra otra Parte, tratándose de medidas o acciones tomadas por la misma que a juicio de la primera sean violatorias de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, o lo que es lo mismo, en el caso de que surjan controversias de esta índole, las partes renuncian a su jurisdicción, obligándose a resolverlas mediante los medios establecidos en el citado instrumento internacional. Por último, el Tratado determina que es deseable, en la mayor medida posible, que cada Parte promueva y facilite el arbitraje y otros medios alternativos para la solución de conflictos comerciales internacionales, para lo cual deberán cumplir, si son parte, con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 1958, o de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1975.

Los procedimientos establecidos por el Tratado de Libre Comercio para la solución de controversias son complejos y no garantizan una tramitación expedita de los mismos. En todo momento se procura la cooperación entre las Partes con el objetivo de lograr soluciones satisfactorias para todos los involucrados y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Incluso las multas impuestas lo que buscan es promover el mejoramiento de las condiciones existentes en el país incumpliente, al tener que invertirse las mismas en programas que ayuden a erradicar el foco de conflicto, lo que de suma importancia. La interrogante que surge es ¿cuál será la capacidad de los países del istmo para controlar el cumplimiento de la normativa? La sociedad civil debe de jugar un papel en ese sentido.

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